La industria textil y confeccionista peruana enfrenta una crisis que amenaza su capacidad productiva, el empleo y la supervivencia de miles de pequeñas empresas.
Según informaciones oficiales, ocho de cada diez toneladas de prendas importadas proceden de China, mientras los fabricantes nacionales pierden mercado frente a una avalancha de ropa, tejidos e insumos asiáticos de precios difíciles de igualar.
Entre enero y julio de 2026, la producción sectorial cayó 9,9%, con un desplome del 12,7% en confecciones. La gravedad de la situación llevó al Gobierno a declarar en emergencia al sector, aunque los industriales reclaman respuestas más eficaces frente a una competencia que consideran profundamente desigual.
Una investigación del portal OjoPúblico, basada en más de 200 subpartidas arancelarias, revela que las importaciones de prendas de vestir aumentaron de 66.000 toneladas en 2021 a más de 89.000 en 2025. En apenas cinco años, las compras externas de prendas e insumos textiles crecieron 36%, desplazando progresivamente a proveedores nacionales.
Raúl Saba de Rivero, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), advirtió que durante 2025 ingresaron prendas importadas por aproximadamente US$ 1.000 millones, de los cuales el 55% correspondió a China.
El dirigente cuestionó especialmente el ingreso de productos mediante plataformas como Temu, Shein y AliExpress, por la falta de información y controles suficientes sobre estas operaciones. Según Saba, la competencia afecta particularmente a las micro y pequeñas empresas.
La presión asiática también alcanza a los fabricantes de tejidos. En marzo de 2026, Indecopi prorrogó durante cinco años los derechos antidumping sobre determinados tejidos de poliéster y algodón originarios de China. Su investigación comprobó que estos productos habían ingresado con precios nacionalizados, en promedio, 50,5% inferiores a los precios de venta de la industria peruana, pese a las medidas vigentes.
Además, el organismo investiga posibles maniobras para eludir esas restricciones mediante modificaciones en la composición de los tejidos.
El Gobierno respondió mediante el Decreto Supremo 014-2026-PRODUCE, publicado el 1 de octubre, que declara la emergencia sectorial. El diagnóstico oficial reconoce una capacidad instalada utilizada de apenas 58,4%, una caída del 53% en la producción nacional de algodón entre 2018 y 2025 y un deterioro estructural de la competitividad. Sin embargo, explican, la declaración no equivale a establecer salvaguardias contra las importaciones.
La controversia no es nueva. En 2023, el Gobierno rechazó aplicar salvaguardias generales a las confecciones porque la investigación de Indecopi no permitió demostrar el daño grave atribuible a las importaciones que exige la normativa. Actualmente, Saba reclama evaluar urgentemente esa herramienta, especialmente para proteger a las pequeñas empresas.
Otro reclamo de la SNI es revisar el régimen que permite importar envíos de hasta US$ 200 sin determinados tributos aduaneros. El organismo tributario ha considerado reducir ese umbral, aunque su modificación requiere decisiones de otras autoridades.
La crisis también afecta al frente exportador. Juan José Córdova, dirigente de ADEX, advirtió sobre la caída de los pedidos estadounidenses, principal destino de las confecciones peruanas.
Los empresarios del sector aseguran que el desafío para Perú es recuperar competitividad industrial y garantizar condiciones de competencia equitativas. Porque si bien existen medidas antidumping específicas, los fabricantes consideran insuficiente su alcance frente a un crecimiento de las importaciones que compromete toda la cadena productiva, desde las hilanderías y tejedurías hasta los talleres de confección.
—————————————————–
OjoPúblico / SIN / Gestión / Comunidad Textil
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
