China decidió reforzar el control sobre la información, la gestión y la seguridad de sus cadenas de suministro, en una medida que podría alterar el funcionamiento del comercio mundial de fibras, hilados, tejidos, prendas y accesorios.
En los últimos años el China ha fortalecido sus propias políticas ambientales, de economía circular y de gobernanza ESG, además de desarrollar guías de debida diligencia para su industria textil alineadas con estándares internacionales. Sin embargo, Beijing sostiene que las verificaciones, auditorías y requerimientos de información exigidos por legislaciones extranjeras –de EE.UU.- deben ajustarse a la legislación china y no pueden aplicarse de manera extraterritorial cuando comprometan la seguridad nacional o el control sobre sus cadenas de suministro.
Con esto la industria textil y de la confección acaba de ingresar en una nueva etapa marcada por la geopolítica. Con la entrada en vigor de las Órdenes del Consejo de Estado N.º 834 y N.º 835, para miles de empresas que operan entre China, Europa y Estados Unidos, el desafío ya no será únicamente producir al menor costo o con mayor eficiencia, sino cumplir simultáneamente con normativas que, según algunas empresas, resultan incompatibles entre sí. Por lo tanto, las cadenas de suministro de la industria textil mundial están hoy ante un complejo dilema.
Las dos disposiciones, vigentes desde abril de este año, son consideradas por analistas internacionales como uno de los cambios más profundos introducidos por Beijing en su política comercial e industrial en los últimos años. Su objetivo es proteger las cadenas de suministro consideradas estratégicas y responder a las crecientes exigencias regulatorias impuestas por Occidente.
El punto más conflictivo radica en que ambas normas consideran ilegales determinadas actividades de recopilación de información sobre proveedores chinos cuando estas se realizan para cumplir con regulaciones extranjeras. Entre ellas figuran los procesos de “debida diligencia”, las auditorías ambientales y sociales, las investigaciones sobre transparencia y la trazabilidad de materias primas exigidas por la Ley para la Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA) de Estados Unidos. Muchos sospechan que las acusaciones de trabajo forzoso en los algodonales que hacen los EE.UU. a China son sólo una forma de imponer en el mundo la enorme producción algodón estadounidense.
Por esto las nuevas reglas china también advierten que la cancelación de contratos con proveedores de su país para cumplir sanciones o restricciones impuestas por ‘terceros países’ podría interpretarse como una represalia contra los intereses nacionales de China. En ese caso, las empresas podrían enfrentar demandas por daños y perjuicios en tribunales chinos, la congelación de activos e incluso restricciones migratorias para sus directivos.
Esta situación plantea un escenario que especialistas europeos ya denominan “dilema de doble cumplimiento”: las compañías multinacionales podrían verse obligadas a elegir entre cumplir la legislación estadounidense y europea o respetar las nuevas disposiciones chinas, sin posibilidad de satisfacer plenamente ambos marcos regulatorios.
Las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de China. Aunque numerosas marcas internacionales aceleraron en los últimos años la diversificación de su producción hacia Vietnam, Bangladesh, India y Camboya, estos países mantienen una fuerte dependencia de China para el abastecimiento de algodón, hilados, tejidos, tintes, productos químicos, accesorios y maquinaria textil. En consecuencia, cualquier conflicto regulatorio que afecte a China terminará impactando también sobre buena parte de la cadena de suministro asiática.
Durante décadas, la industria textil mundial organizó sus cadenas de abastecimiento bajo criterios de costo, calidad, capacidad productiva y velocidad de entrega. Sin embargo, las nuevas disposiciones chinas evidencian que esos factores ya no son suficientes. La legislación, la seguridad nacional, la soberanía de los datos y las tensiones geopolíticas pasan ahora a desempeñar un papel tan determinante como la competitividad industrial.
En este contexto, numerosos analistas consideran que el comercio mundial de textiles y confecciones ingresará en un proceso gradual de reconfiguración. Las empresas buscarán diversificar proveedores, reducir riesgos regulatorios y fortalecer cadenas de suministro regionales, mientras que los países capaces de desarrollar ecosistemas industriales más integrados y menos dependientes de un único origen estarán en mejores condiciones para aprovechar las nuevas oportunidades que surjan de un mercado global cada vez más fragmentado e incierto.
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