De cómo la avalancha sin control de minimis cambiaron a la industria de los EE.UU.
La decisión de los Estados Unidos de cerrar la laguna legal conocida como de minimis marca un punto de inflexión para la industria de la indumentaria, los textiles, el calzado y los accesorios. Estos eran pequeños envíos que podían ingresar al país y que desde el 2015 podrían ser de hasta US$ 800. Durante años, este mecanismo permitió el ingreso masivo de paquetes al mercado estadounidense sin inspección ni pago de aranceles, generando una competencia profundamente desigual para los fabricantes y comerciantes estadounidenses y un riesgo creciente para los consumidores.
Según destacó Kim Glas, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles, esta excepción se transformó en una avalancha incontrolable que llegó a representar 1.400 millones de envíos anuales, de los cuales cerca de la mitad correspondían a productos textiles y de confección.
Para la industria estadounidense, que emplea a más de 470.000 trabajadores y es uno de los principales exportadores textiles, el de minimis funcionó como un atajo comercial global que erosionó la base productiva, el cumplimiento normativo y la integridad de los regímenes comerciales vigentes. El ingreso libre de aranceles de millones de paquetes individualizados permitió a plataformas y empresas extranjeras vender directamente al consumidor final, eludiendo distribuidores y minoristas, controles aduaneros y responsabilidades legales, mientras los fabricantes locales debían competir bajo reglas mucho más exigentes en materia fiscal, laboral y ambiental.
El cierre de esta laguna, impulsado por una inusual convergencia de apoyos de Demócratas y Republicanos y respaldado por sindicatos, asociaciones industriales y comerciales, organismos de consumidores y hasta familiares de víctimas del narcotráfico, buscó restablecer condiciones mínimas de equidad comercial.
La orden ejecutiva emitida en agosto y su posterior codificación legislativa representan un avance significativo, no solo para proteger la producción nacional, sino también para reforzar la seguridad del consumidor y combatir el uso del comercio electrónico como canal para el ingreso de productos inseguros, falsificados o directamente ilícitos.
Sin embargo, el escenario dista de estar completamente resuelto. La imposición simultánea de nuevos aranceles recíprocos, el aumento del fraude comercial y la persistencia de prácticas ilegales por parte de empresas asiáticas han diluido parte de los beneficios esperados. A esto se suma una capacidad limitada de control por parte de las autoridades aduaneras, que enfrentan un volumen de envíos sin precedentes con recursos humanos y tecnológicos insuficientes.
Informes oficiales advierten que los envíos de minimis llegaron a representar más del 90% de la carga que ingresa al país, un dato que ilustra la magnitud del desafío.
La experiencia europea refuerza esta preocupación. En la Unión Europea, donde el límite de de minimis es de sólo € 150, se procesan miles de millones de paquetes al año, con niveles alarmantes de incumplimiento normativo en productos textiles de bajo costo. Frente a esta realidad, Europa avanza hacia la imposición de tasas específicas y la eventual eliminación de la exención, siguiendo una trayectoria similar a la estadounidense. Otros países, como Brasil y Sudáfrica, también se orientan en la misma dirección, impulsados por la necesidad de proteger a sus industrias, a los consumidores y a la legalidad del comercio.
Para los industriales y comerciantes del sector el fin del de minimis no es una medida proteccionista aislada, sino una corrección estructural destinada a reconstruir reglas básicas de gobernanza comercial. Exigir información, cumplimiento y pago de aranceles no es una barrera al comercio, sino una condición indispensable para competir en un mercado donde la conveniencia no puede seguir prevaleciendo sobre la seguridad, la equidad y la responsabilidad.
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