Industria confeccionista de Gran Bretaña.

Temiendo que la crisis provoque un escenario de «emergencia», la Comisión Europea busca tener poderes especiales para, por ejemplo, exigir al sector privado prioridades en la producción de bienes. Bruselas quiere un inédito paraguas legal para poder intervenir en la economía en caso de que la crisis escale a un escenario de emergencia.

La Comisión Europea aprobó en las últimas horas una propuesta de reglamento para, por ejemplo, terciar en la producción de bienes si se rompen las principales cadenas de suministros. El Ejecutivo comunitario teme que el crack energético ponga en riesgo la columna vertebral del mercado único. Preocupa, y mucho, que durante el invierno se produzcan «interrupciones imprevistas» y que, como pasó con la pandemia, las reacciones sean anárquicas y descoordinadas.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El organismo que preside Ursula Von der Leyen propone, por lo tanto, un nuevo «marco de gobernanza de crisis» (llamado Instrumento de Emergencia del Mercado Único) para preservar la disponibilidad de bienes y servicios esenciales en caso de una emergencia.

El texto -que deberá ser revalidado por el Parlamento y el Consejo de la UE- reconoce que determinadas crisis pueden «amplificar la escasez de bienes y servicios relevantes si mercado único está fragmentado y no funciona».

Bruselas traza, en su propuesta, un hipotético escenario de emergencia: el punteo incluye la interrupción de las cadenas de suministros, las dificultades de las empresas para «obtener, suministrar o vender bienes y servicios» y la imposibilidad de los consumidores de acceder a bienes esenciales.

Industria de confecciones.

La «caja de herramientas» con la que se quiere dotar la UE habilita medidas excepcionales para una etapa de «vigilancia» y de «emergencia». En la primera, los Estados miembros deben realizar un exhaustivo «seguimiento de las cadenas de suministros de los bienes y los servicios que se consideren de importancia estratégica».

Si la crisis se agudizase, el Consejo de la UE podría activar la siguiente fase, la de emergencia, con la arbitrariedad de «tomar medidas para abordar cualquier escasez identificada y salvaguardar la disponibilidad de bienes y servicios críticos para la crisis en toda la eurozona». Un indicador para activar el «modo emergencia» es que las empresas no sean capaces «de dar una solución en un plazo razonable a los aspectos particulares de la crisis de forma voluntaria». En este punto, Bruselas tendría las facultades para, básicamente, intervenir la economía.

En su propuesta, la UE admite que muchas de estas medidas pueden afectar a la «libertad de empresa», pero clara que todas las disposiciones y restricciones se han diseñado cuidadosamente desde lo legal y se equilibran con los intereses vitales de la sociedad

«La Comisión podrá invitar a uno o más operadores económicos en cadenas de suministro relevantes para situaciones de crisis establecidas en la Unión a aceptar y priorizar determinados pedidos para la producción o el suministro de bienes relevantes para situaciones de crisis», reza la propuesta.

Si una empresa se niega, la Comisión le exigirá sus razones y argumentos (la producción insuficiente, por ejemplo). De no estar el rechazo debidamente justificado, cabría la posibilidad de una multa de hasta 200 mil euros.

El Ejecutivo comunitario explica que el «modo de emergencia podrá activarse sin que previamente se haya activado el modo de vigilancia».
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Expansión / Comunidad Textil

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