Francia prohibió por Ley la destrucción de productos que no hayan sido vendidos
El estado francés aprobó una ley que prohíbe a las compañías de indumentaria y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos y obliga a su reutilización o reciclado. Pero, la ley no incluye castigos a los infractores. En Francia cada año se destruyen productos por valor de US$ 700 millones.
El parlamento francés aprobó recientemente una ley que prohíbe a las empresas de ropa de diseño y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos -incluidos productos de higiene y cosméticos- y garantizar su reutilización, reciclaje y redistribución. Francia ya prohibió a los supermercados tirar los alimentos no vendidos y los obligó a donarlos a organizaciones benéficas.
Sin embargo, el político francés Arash Derambarsh apuntó un detalle esencial: que la nueva ley no tiene la disposición de castigar a los infractores.
La oficina del primer ministro francés, Édouard Philippe había infromado previamente que cada año en el país se destruyen o tiran más de $ 700 millones en productos de consumo.
El gobierno francés afirmó que la ley es la primera en el mundo. El proyecto de ley de 130 artículos, destinado a promover la economía circular, fue adoptado después de que la cámara baja, Assemblée Nationale, lo aprobara y la cámara alta, el Sénat, llegara a un acuerdo. El proyecto de ley obliga a los productores, importadores y distribuidores a donar productos sin vender, excepto aquellos que presentan riesgos para la salud o la seguridad, según informes de los medios de comunicación europeos.
La ley no solo alienta la venta de alimentos sueltos a los clientes, sino que también ordena a los fabricantes, que usan plástico en sus productos, que publiquen los detalles sobre la presencia de ‘disruptores endocrinos’.
La ley apunta a reducir a la mitad el uso de plástico de un solo uso y todo el plástico reciclable en los próximos cinco años. También prohibirá el uso de envases de plástico en restaurantes de comida rápida y comida para llevar en los próximos tres años. La ley tiene una cláusula de «quien contamina paga», según la cual las empresas deben financiar la destrucción de los desechos creados por ellas.
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