Al desierto de Atacama, en el Norte de Chile, lo han convertido en un vertedero de ropa que ingresa por el puerto libre de Iquique.

La Unión Europea dio un paso decisivo hacia la economía circular con la entrada en vigor, el pasado 16 de octubre, de la revisión específica de la Directiva Marco de Residuos. La norma establece por primera vez un marco común para la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el sector textil y fija objetivos vinculantes para reducir los residuos alimentarios.

Para la industria textil y de la confección, que genera € 170.000 millones anuales y emplea a 1,3 millones de personas en la UE, el nuevo marco representa tanto un desafío regulatorio como una oportunidad estratégica.

El texto apunta a reducir el impacto ambiental de la producción y el consumo de textiles, un sector que en 2020 ocupó el tercer lugar en uso de agua y tierra y el quinto en emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. La magnitud del problema es clara: solo en 2019 se generaron 12,6 millones de toneladas de residuos textiles, y apenas una quinta parte fue recogida por separado para su reutilización o reciclaje.

La principal herramienta será la creación de sistemas nacionales de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para textiles y calzado. Bajo este esquema, los fabricantes deberán pagar una tasa por cada producto comercializado, que se destinará a financiar la recolección, clasificación, reciclaje y eliminación de residuos textiles. La gran novedad es la llamada ‘ecomodulación’. Las tasas variarán según la sostenibilidad de los productos, premiando el ecodiseño, la durabilidad y la reciclabilidad. De este modo, la norma busca alinear los costos ambientales con las decisiones empresariales, impulsando una competencia basada en la innovación y la circularidad.

Además, los derechos de responsabilidad ampliada del productor se utilizarán para informar a los consumidores y para fomentar la investigación y el desarrollo en diseño sostenible y gestión de residuos. A partir de ahora, todos los textiles recogidos selectivamente serán considerados residuos, lo que unifica criterios en toda la UE y evita exportaciones irregulares bajo la etiqueta de “productos usados”.

La Directiva también aborda el desperdicio de alimentos, imponiendo a los Estados miembros la obligación de reducirlo en un 10% en la fase industrial y en un 30% per cápita en la venta minorista y el consumo antes de 2030. Aunque este aspecto afecta principalmente a otros sectores, refleja el enfoque integral de la política europea hacia la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos.

Ropa descartada.

Los países de la Unión Europea tienen 20 meses para incorporar la Directiva a sus leyes nacionales y 30 meses para poner en marcha los sistemas REP. En este proceso, se prevé un papel destacado para las empresas de economía social dedicadas a la reutilización de textiles, que estarán exentas de las obligaciones económicas del sistema y recibirán apoyo logístico gratuito.

Para las empresas textiles, esta nueva normativa marca el inicio de una etapa en la que la competitividad pasará por la sostenibilidad. Quienes adopten tempranamente modelos de producción circulares y materiales duraderos estarán mejor posicionados no solo frente a la regulación, sino también frente a un consumidor europeo que se espera sea ‘cada vez más consciente del impacto ambiental de su vestuario’.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil

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