Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.

El ingeniero Luciano Galfione, el presidente de la Fundación ProTejer -que representa a todo el sector textil e indumentaria de Argentina- se refirió a la medida del gobierno que eliminó el control aduanero del requisito de etiquetado en origen y el reetiquetado local. En diálogo con Comunidad Textil, empresario habló sobre la realidad del sector y cómo la decisión del Poder Ejecutivo afectará a la industria argentina.

El dirigente empresario señaló que plan de “ajuste” a la economía argentina, que está llevando a cabo la administración de Javier Milei, impacta negativamente en todos los sectores, pero “la industria textil es una de las más afectadas”, indicó. “Hoy estamos trabajando con un 40% del uso de la capacidad instalada. Eso significa que seis de cada diez máquinas están paradas. La actividad cayó no menos del 40% en toda la cadena, y esto implica que estamos en una situación muy crítica”, explicó.

Cabe destacar que esta caída en el uso de la capacidad instalada se genera cuando el sector viene de una etapa de importantes inversiones. “En los últimos tres años invertimos US$ 1.400 millones. No hay registro de una serie de tres años con esa envergadura de inversiones. En este período la industria se tecnificó y modernizó. Incluso algunas inversiones se están terminando de poner en marcha ahora”, añadió Galfione.

Industria textil Argentina.

“Las empresas no solo tienen que afrontar el pago de los salarios del personal que no tiene trabajo porque no hay producción, sino que a su vez tienen que encarar el pago de las inversiones. Es el peor de los mundos. No hay ventas, contratamos trabajadores para que operen esa nueva infraestructura y además hay que pagar los créditos que tomamos para poder hacer esa inversión. Es una bomba de tiempo” alertó el presidente de la Fundación.

En este contexto, la industria textil se ve perjudicada por las medidas del gobierno. “En febrero pasado se quitó la obligatoriedad de la declaración jurada de composición de producto, una resolución que obligaba al importador a declarar qué materiales tenía el producto importado. En algunos casos hasta era necesario hacer ensayos en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para corroborar que lo que se declaró sea cierto”.

“Ahora lo que se quita es el control en Aduana del etiquetado. No sólo no hay que declararlo sino que nadie va a controlar que la etiqueta contenga lo que obliga la ley. La legislación va a seguir vigente pero el problema es que no va a haber control porque el mismo quedó a cargo de los inspectores de la Secretaría de Comercio, ex post, es decir luego de la importación. Todo el mundo sabe que la distribución en el rubro textil está tan diseminada a lo largo y ancho del país que es imposible darle trazabilidad a esa importación”. Galfione resaltó además que “lo importado se va a confundir con producción nacional, si el etiquetado no se corresponde con el producto no va a haber forma de saber si se fabricó en el país o no”.

El empresario explicó que, si bien los controles seguirán vigentes ‘en teoría’, en la práctica no va a existir más la necesidad de etiquetar porque será imposible revisar la mercadería que ingresa al país. Según el entrevistado esto genera una situación de competencia desleal. “Cuando se declara algo que no corresponde se puede ingresar esa mercadería por posiciones arancelarias diferentes a las que deberían utilizarse. Al momento de pagar los aranceles de importación y los tributos aduaneros se puede acomodar esa posición arancelaria para que importar sea más barato. Por eso es desleal, porque se pagan menos impuestos. Eso genera un perjuicio al fisco y además nos afecta a todos”.

Pero, además de este fraude fiscal, la falta de etiquetado puede generar problemas en el consumidor final. “Cuando se compra algo que está mal declarado, el usuario puede ponerse una prenda cuya etiqueta indica una composición que no es la que efectivamente tiene. Esto puede generar consecuencias en la salud, por ejemplo una alergia, si nadie controla que esa prenda no haya sido teñida con productos químicos contaminantes y dañinos para la piel”.

“En algún momento esto va a ocurrir como sucedió en el caso de los juguetes que ingresaron al país y tenían plomo en su composición. Los bebés se llevan los juguetes a la boca y si tienen materiales prohibidos pueden afectar su salud. Ahora podría pasar lo mismo, por ejemplo con un babero o una ropa para bebé porque no vamos a controlar con qué materiales se realizó esa prenda”, vaticinó.

Galfione remarcó que desde la Fundación ProTejer están “de acuerdo en que hay que desburocratizar el Estado y facilitar los trámites para que el comercio fluya más rápido, pero eso no implica que haya que sacar la norma . Si es necesario desburocratizar y hacer más eficiente una normativa lo que hay que hacer es controlar mejor. Si la normativa es fuente de corrupción se debe eliminar la corrupción, no la norma. Es como querer eliminar la velocidad máxima en las rutas porque no se pueden controlar, lo que hay que hacer es mejorar el control, no quitar el límite de velocidad”.

El presidente de ProTejer afirmó que con la nueva reglamentación va a cambiar la composición de los textiles importados: “No es lo mismo importar insumos para producir en el país que traer productos terminados. Las importaciones ingresarán igual pero la composición será distinta. En un caso sirve para dar más trabajo a los argentinos, y en otro para dar trabajo a una persona de Bangladesh o Myanmar. Actualmente en Argentina tenemos un 50% de pobres, es necesario generar más trabajo local”.

“La ropa que va a ingresar va a estar producida en las peores condiciones laborales y ambientales. Hecha con jornadas laborales más largas, con sueldos bajos, sin sindicatos, sin vacaciones, sin aguinaldo y con trabajo infantil. Nosotros competimos contra eso. Cada vez que traemos indumentaria de ese estilo estamos avalando ese tipo de producción. También la utilización de químicos que no cumplen ningún tipo de legislación ambiental, y que nosotros sí cumplimos. Competimos con empresas que descargan los afluentes a cualquier río, contaminan y no tiene penalidades. Competimos con empresas que pagan ochenta dólares mensuales por una jornada de 16 horas, que no permite los sindicatos ni paga indemnizaciones. ¡Y tenemos que competir de igual a igual!. Por eso pedimos que equiparen esas asimetrías, porque no se puede jugar con una cancha tan inclinada” aclaró el dirigente.

Por otro lado, Luciano Galfione indicó que la apertura de importaciones no va generar una caída en los precios que paga el consumidor. “Muchos productos importados son más caros aquí que en otros países. Esto se debe a la falta de competitividad sistémica que tiene la Argentina donde cualquier artículo que se produzca de forma eficiente llega al consumidor a precios que son exorbitantes, porque el precio es un problema de la comercialización y no de la producción. El producto importado va a llegar al consumidor al mismo precio que uno nacional con la diferencia de en el país habrá una cantidad enorme de desocupados, vamos a tener una sociedad más desigual. Además, el mercado va a ser más chico porque habrá gente expulsada del consumo porque se quedó sin trabajo. Eso ya pasó y va a volver a pasar” afirmó Galfione en referencia a gobiernos anteriores que tomaron medidas similares.
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