El derrumbe del edificio de Rana Plaza dejó 1.138 muertos y más 2.500 heridos y mutilados.

El Acuerdo firmado en 2013 para el control de la seguridad y el trato laboral en las empresas confeccionistas de Bangladesh tiene serias posibilidades de ser anulado a corto plazo. El gobierno esta maniobrando para que liberarse de las inspecciones internacionales que obligan a los fabricantes locales tener instalaciones seguras y mejorar las relaciones laborales.

El derrumbe del edificio Rana Plaza, donde funcionaban varias fábricas de confecciones, con el saldo de más de un millar de muertos y 2.500 heridos, generó una conmoción mundial. Esas empresas, como muchas de Bangladesh, eran el lugar grandes marcas internacionales tercerizaban la confección de sus prendas. La tragedia puso en tela de juicio y en discusión la forma de encarar la producción de éstas empresas.

Fábrica confeccionista en Bangladesh.

La reacción internacional ante el horror que no pudo ser previsto por el gobierno de Dhaka, condujo a un acuerdo de empresas y sindicatos para generar cambios importantes en la seguridad de trabajo y los contratos laborales. Un año después, el 15 de mayo de 2013, los secretarios generales de las asociaciones internacionales de trabajadores IndustriALL Global Union y de UNIAll Global Union, con el apoyo de varias marcas, firmaron el “Accord on Fire and Building Safety”.

La IndustriALL Global Union representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial en 140 países. Por su parte, UNI Global Union, con sede en Nyon, Suiza, representa a más de 20 millones de trabajadores de más de 900 sindicatos del sector de profesionales y servicios.

Este Acuerdo fue posible debido a la presión ejercida por marcas y detallistas que tercerizan su producción en Bangladesh (por ejemplo, H&M, Arcadia e Inditex) y de los sindicatos y acompañado por autoridades del país.

Todos coincidieron en la necesidad de hacer de las fábricas un lugar seguro y, además, de crear mejores condiciones para los trabajadores. Los costos debían ir a cargo de las marcas occidentales que subcontratan en el país. Su despliegue impulsó el control y mejora de muchas de las instalaciones fabriles del sector textil/confección en Bangladesh. La duración prevista del plan era de cinco años, salvo renovación por períodos sucesivos.

Desde entonces, aunque con bastantes dificultades, los inspectores del Acuerdo han realizado una tarea meritoria que logró mejorar la situación y garantizar en buena parte la seguridad de las empresas y de sus trabajadores. Además, ha impulsado mejoras salariales y algunos beneficios sociales.

Ahora se anunció que en estas próximas semanas la Corte Suprema de Bangladesh decidirá el probable cierre de las oficinas del Acuerdo en Dhaka y el obligatorio retiro de sus inspectores.

Desde comienzos de este año, a la vista del final del período acordado, los empresarios confeccionistas de Bangladesh manifestaron su deseo de que el Gobierno se hiciera cargo de las tareas que hasta ahora han realizado los inspectores internacionales.

Tanto los sindicatos como las marcas internacionales desconfían de este traspaso de poderes y de la decisión y capacidad del Gobierno para imponer la realización de las mejoras. El Acuerdo tenía plena validez jurídica que obligaba a todas las partes implicadas en la cadena de suministro

De momento, el probable cambio ha supuesto ya una acción decidida del gobierno contra las actividades sindicales de los trabajadores, aunque ha accedido a conceder aumentos de los salarios mínimos del sector.

Algunas marcas -como Esprit- consideran que el “activismo laboral” que ha propiciado el acuerdo puede proyectar una mala imagen (una imagen tóxica, dicen) sobre la subcontratación en el país, a pesar de las mejoras que ha conseguido.

Los confeccionistas de Bangladesh dicen no estar preocupados porque consideran que las marcas occidentales que viven del fast-fashion difícilmente podrían trasladar sus pedidos a otro país, por los costos. Explican que a las marcas “no les preocupa demasiado la situación y las condiciones laborales de sus proveedores, sólo les interesa que sus pedidos les lleguen en la fecha prevista, de acuerdo a sus especificaciones y con el menor costo posible”.

Los firmantes del Acuerdo reconocen que a medio o largo plazo el control deberá pasar a manos nacionales, pero que las partes implicadas deberán seguir negociando para que sus contratos en Bangladesh respeten los principios del fair business (comercio justo).

En la www.bangladeshaccord.org aparece el texto completo del Acuerdo.
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Pinkermoda / Comunidad Textil

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