Los talleres de la mafia china de Barcelona confeccionan ropa para grandes cadenas
Concluyó en España un proceso judicial que había comenzado en el 2009 contra los talleres clandestinos instalados en el distrito catalán de Mataró. Diversas compañías de gran porte e internacionales como Inditex, Desigual, El Corte Inglés o Cortefiel producían sus prendas en talleres ilegales con condiciones laborales deplorables y cercanas a la esclavitud. Esa producción se vendía en las tiendas de las grandes marcas.
Según el sumario judicial del titulado “Caso Wei”, las grandes cadenas de moda fabricaban en talleres de confección pertenecientes a la mafia china de Catalunya, recurriendo a un mecanismo de varias subcontrataciones para evitar una relación directa. La justicia dictó penas de prisión para quienes dirigían los talleres pero evitó castigar a quienes los contrataban.
La investigación policial detalla que en este caso existe una compleja cadena de subcontrataciones incluyendo los talleres ilegales como último eslabón, que empleaban a cientos de trabajadores en condiciones cercanas a la esclavitud.
Multinacionales como Inditex, Desigual o Cortefiel, encargaban la producción de sus prendas a proveedores nacionales e intermediarios que desviaban la producción a estos talleres clandestinos situados en Mataró.
El distrito de Mataró, en Catalunya, antigua cuna del textil español esta ahora invadida por talleres de ciudadanos chinos. Ya en 2009 la policía local registró unos 72 locales de confección de ropa, equipados con máquinas de coser, perteneciendo a la mafia china.
Además, los agentes identificaron etiquetas en las prendas con códigos de barras, que les permitieron seguir el rastro de los pedidos hasta el cliente final. Las autoridades policiales no revelaron su identidad y los identificaron como «Grupos comerciales dedicados a la actividad textil, de notoria relevancia en mercados nacionales e internacionales».
La sentencia, que se dictó a mediados de diciembre pasado, condena a los dueños de tres talleres chinos a tres años y medio de cárcel por explotación laboral. Sin embargo los jueces no tomaron medida alguna contra los responsables de las empresas que alimentaban esa maquinaria clandestina.
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