Industria confeccionista en Uruguay.

La Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV) ha encendido las alarmas por el avance de plataformas internacionales como Temu, Shein y otras, y por la desigualdad de condiciones frente a esos competidores extranjeros. Para los empresarios del sector, este escenario no solo amenaza la rentabilidad de las compañías, sino que pone en riesgo directo a más de 7.000 empleos de producción y cerca de 20.000 puestos de trabajo vinculados a toda la cadena de valor, desde proveedores de insumos hasta logística y comercialización.

La actividad de las plataformas de venta online es hoy un gran problema también para los fabricantes uruguayos. Las plataformas han logrado posicionarse con precios extremadamente bajos y envíos a costo casi nulo, un modelo imposible de replicar en Uruguay debido a las cargas fiscales, laborales y logísticas que deben afrontar las empresas nacionales.

La entidad empresaria sostiene que esta situación constituye una competencia desleal, ya que mientras las empresas uruguayas pagan impuestos y cumplen con estrictas normativas de producción, los productos que llegan del exterior evitan gran parte de esas obligaciones. Ante este escenario, la CIV propone dos caminos: aplicar tributos a las compras internacionales realizadas por encomienda o reducir la carga fiscal que pesa sobre la producción nacional para equilibrar las reglas del juego. “No pedimos que desaparezcan, pedimos competir en igualdad de condiciones”, subraya Alfredo Barboza, directivo de la entidad empresaria.

El acceso a las licitaciones públicas es otro punto crítico. Los actuales pliegos estatales continúan diseñados para un modelo productivo que ya no existe: grandes fábricas capaces de entregar miles de prendas en plazos muy cortos. La realidad actual de la industria es la de talleres más pequeños, especializados y con capacidad limitada para responder a esos volúmenes. La CIV propone rediseñar las licitaciones para dividir grandes pedidos en lotes más manejables, otorgar plazos de entrega razonables y valorar criterios de impacto social y económico que favorezcan la contratación de productos fabricados en Uruguay.

Más allá de los cambios normativos, la cámara reconoce la necesidad de un compromiso compartido entre Estado, sector privado y consumidores. Se plantea un régimen fiscal diferenciado para PYMEs textiles, campañas para fomentar el consumo de productos nacionales, incentivos para la modernización tecnológica de los talleres y normativas que obliguen a las plataformas internacionales a transparentar el origen de sus productos y cumplir con estándares laborales y tributarios.

La estrategia del sector busca instalar un concepto de consumo consciente y responsable, donde elegir productos locales sea visto no solo como un acto de patriotismo económico, sino como una contribución directa a la sostenibilidad de la industria y al bienestar de miles de familias.
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América Retail / Comunidad Textil

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