Una primera condena para el dueño del Rana Plaza
La justicia de Bangladesh condenó por “corrupción” al propietario del Rana Plaza, escenario de uno de los peores accidentes industriales de la historia. La condena a tres años de cárcel es sólo por no haber declarado su fortuna personal. En su edificio de Daca, en el cual funcionaban varias fábricas confeccionistas, se derrumbó en 2013 dejando un saldo muerte y horror: 1.130 muertos y más de 2.500 heridos.
Según informó la justicia, el procedimiento que se llevó a cabo es distinto al juicio abierto en relación con las víctimas del derrumbe del edificio. Acusado de no haber declarado su fortuna personal a una comisión anticorrupción, Mohammed Sohel Rana fue condenado a la pena máxima por ese delito. «Es la primera vez que se le condena y encarcela» desde la tragedia, declaró el fiscal Salahuddin Eskander.
Mohammed Sohel Rana y otros 37 acusados por el derrumbe del Rana Plaza podrían ser condenados a la pena capital si se les reconoce culpables de ‘asesinato’. Pero todavía no se fijo la fecha de ese juicio. Se acusa a los sospechosos de haber mentido sobre la seguridad del edificio. Miles de obreros fueron obligados a entrar en el edificio para trabajar, a pesar de que habían mostrado su preocupación ante las fisuras que aparecían en la estructura.
Rana, que se convirtió enseguida en el enemigo público número uno en Bangladesh, fue detenido días después en la frontera con India. El drama del 24 de abril de 2013 reveló la cara oscura de la subcontratación de empleados por grandes marcas occidentales en ese país, consecuencia de una carrera por disminuir los costes de producción en una economía globalizada.
Bangladesh es el segundo país exportador de productos textiles en el mundo, por detrás de China. El sector genera 30.000 millones de dólares anuales en ese país pobre del sur de Asia, que alberga 4.500 fábricas de las cuales sólo unos centenares cumplen con las normas de seguridad necesarias.
La Organización internacional del Trabajo, OIT, ha reclamado en forma reiterada al gobierno de Bangladesh el cumplimiento de las normas básicas en materia de seguridad laboral y condiciones de trabajo para los operarios, pero no ha habido escasos cambios.
Con posterioridad al derrumbe, un grupo de marcas internacionales que contratan a las empresas bengalíes, decidieron colaborar con estas acciones. Exigieron al gobierno el control de las fábricas y buscaron colaborar en el pago de indemnizaciones a los afectados por accidente, pero el resultado de sus acciones todavía no han logrado los resultados esperados.
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Imprimir artículo | Este artículo fue publicado por ComunidadTextil-Admin el 4 septiembre, 2017 a las 16:34, y está archivado en Noticias de Asia. Sigue las respuestas a esta entrada a través de RSS 2.0. Están cerrados tanto los comentarios como los pings. |
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